El gobernador jujeño, Gerardo Morales, confirmó que multará con $ 100.000 a quienes acampan en la plaza Belgrano de San Salvador. “El código contravencional impone multas que ya están determinándose, y les va a salir caro, me parece, a esas organizaciones sociales porque hay que pagar a los comerciantes afectados y arreglar la plaza”. Él confirmó que quedaron suspendidas las personerías jurídicas de las organizaciones sociales, y se inhabilitaron sus cuentas bancarias, lo que ya fue informado a los bancos Nación, Macro, Credicoop, Santiago del Estero y Banco Central. “No vamos a permitir el Estado paralelo."
Por Urgente24
Viernes 15 de enero de 2016
3/08/2015: La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, arengando. Foto NA
El Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, anunció que el Gobierno provincial ha iniciado el procedimiento de quita de personería jurídica a las organizaciones sociales que mantienen el acampe en la plaza Belgrano de la capital, San Salvador, y aplicación de multas que oscilan entre $ 5.000 y $ 100.000.
El gobernador Gerardo Morales, junto a su Gabinete, firmó y difundió el decreto N°403 mediante el cual se dispuso el cese de beneficios para todas aquellas organizaciones sociales que continuaran en el acampe de la plaza Belgrano hasta la 0:00 del jueves 14/01, imputándose la comisión del hecho delictivo a Milagro Sala.
Son 16 organizaciones, algunas con personería jurídica otorgada y otras en trámites, a las que se les denegará el trámite y los que tienen personería jurídica definitiva se procederá a la suspensión preventiva y al inicio judicial para el retiro definitivo, explicó Miranda.
Por ejemplo:
> la Agrupación Social Tupac Amaru, cuya referente es Milagro Sala;
> TeKuré, cuyo referentes es Alberto “Beto” Cardozo;
> ATS (Agrupacion de Trabajadores Sociales) referente Mabel Balconte;
> ASEP (Asociación Sindical de Empledos Públicos), referente a Manuel Velásquez;
> Organización Social Libertad, de María Graciela López, etc.
Según el fiscal, "se va a comunicar a la AFIP, al Banco Central y a todo organismo estatal y privado” mediante el cual se canalizan beneficios sociales.
El decreto autoriza a Fiscalía de Estado a aplicar las multas por incumplimiento del objeto social de aquellas organizaciones.
Las pérdidas de los beneficios no solo son para las organizaciones sociales, sino que se extiende a los miembros de las comisiones directivas y a los integrantes de dichas asociaciones.
Miranda agregó: “Somos optimistas. La promoción de la acción penal y la imputación en contra de personas determinadas es un paso importantísimo que hemos dado”.
“Los cooperativistas se dieron cuenta que no necesitan intermediaros para su beneficio. De hecho, se empadronaron 552 cooperativas y esto es un dato significativo a tener en cuenta”, concluyó el Fiscal de Estado.
Tupac Amaru desmiente
Entonces, la Tupac Amaru aseguró que las declaraciones de Miranda dando cuenta de la pérdida de la personería jurídica de la organización por la continuidad del acampe en la plaza Belgrano “es una falsa información”.
“No se ha suspendido la personería jurídica de la Tupac Amaru ni se han cerrado sus cuentas”, se señaló en un comunicado de la agrupación.
“Lo que debería hacer el Poder Ejecutivo para dar lugar a su política de disciplinamiento, en todo caso, es iniciar un procedimiento en el que se garantice el derecho fundamental a la defensa. Sin embargo, lo que claramente está buscando es provocar, además de engañar a la opinión pública, el amedrentamiento y zozobra a los trabajadores cooperativizados, a los afiliados y a la sociedad toda”, resaltó la organización.
Añadió que el Poder Ejecutivo “está criminalizando la protesta social y amenazando cruelmente a los ciudadanos que ejercen el derecho constitucional de reclamar y peticionar a sus autoridades”.
“Por otra parte, el Decreto 403 establece que para quitar la personería se debe haber cometido un delito, cosa que aún la justicia tampoco ha determinado”, indicó.
“Estar en la plaza, acampando, ejerciendo el derecho constitucional a peticionar a las autoridades y defendiendo las fuentes de trabajo en manera alguna puede constituir un delito. En el día 33 del reclamo, seguimos esperando el diálogo reparador de tamañas injusticias para con los miles de desocupados de la Tupac Amaru y de la Red de Organizaciones Sociales”, concluyó la organización de Milagro Sala.
Morales ratificó
Poco después, el gobernador Morales anunció que quedó firme el planteo de la Jueza de Menores de Jujuy, que intima a retirar a los niños de la manifestación y que quedaron suspendidas las personerías jurídicas de las distintas organizaciones sociales, motivo por el cual quedaron inhabilitadas también sus cuentas bancarias.
“Les aplicamos una multa de $ 100.000 y estamos actuando también sobre los bienes no sólo de las instituciones, porque hay que pagar muchas cosas, como a los comerciantes afectados y arreglar la plaza. El código contravencional también impone multas que ya están determinándose, por lo que les va a salir caro, me parece, a esas organizaciones sociales”, indicó Morales.
Por otro lado, precisó que funcionarios del Gobierno provincial mantienen reuniones con todas las cooperativas y organizaciones sociales, y ya cuentan con una agenda de trabajo.
De igual manera, afirmó que él personalmente visitará las cooperativas “en territorio, para ver que trabajen bien”, haciendo hincapié en que todas las que se encuentren en regla van a recibir ayuda del Estado. “Lo que no vamos a permitir es el Estado paralelo. Pero estamos recibiendo a todas las cooperativas. Ya hay más de 500 inscriptas y se están regularizando; quieren estar bien, trabajar en regla”.
Este seguimiento se realizará ya que existe un gran problema con las cooperativas en materia de obras, teniendo en cuenta que se tienen pruebas de que la organización Tupac Amaru cobró “$ 29 millones para el inicio de una obra que nunca comenzó”, al igual que existen“muchas cooperativas que cedieron y endosaron los cheques”.
Por este motivo, informó, “estoy enviando un proyecto de ley a la Legislatura para que ratifique el Decreto Nº 403, pero que también nos autorice a establecer un programa para que no se caiga el trabajo como en el caso de las cooperativas que denuncien la sesión de cheques, para que no se paren las obras, porque si no también vamos a quedar fuera del programa nacional”.
“Es un tema complejo, donde hay muchas cuestiones de fondo, pero calculamos que en 30 días vamos a tener todo el panorama porque se van a agregar otras demandas penales en ese sentido. La idea nuestra es ordenar todo y garantizar el trabajo a todas las cooperativas que estén regularizadas”, sentenció el gobernador de Jujuy.
Finalmente, él garantizó a las personas que son poseedoras de viviendas pero que no cuentan con la adjudicación que “no los desalojará nadie de las viviendas” siempre y cuando cumplan con “la norma de no tener otra vivienda a su nombre”. Sin embargo, les instó a que realicen el trámite previsto por el Programa de“Relevamiento de datos familiares de poseedores o tenedores de vivienda sin resolución de adjudicación”, para regularizar su situación.
El Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, anunció que el Gobierno provincial ha iniciado el procedimiento de quita de personería jurídica a las organizaciones sociales que mantienen el acampe en la plaza Belgrano de la capital, San Salvador, y aplicación de multas que oscilan entre $ 5.000 y $ 100.000.
El gobernador Gerardo Morales, junto a su Gabinete, firmó y difundió el decreto N°403 mediante el cual se dispuso el cese de beneficios para todas aquellas organizaciones sociales que continuaran en el acampe de la plaza Belgrano hasta la 0:00 del jueves 14/01, imputándose la comisión del hecho delictivo a Milagro Sala.
Son 16 organizaciones, algunas con personería jurídica otorgada y otras en trámites, a las que se les denegará el trámite y los que tienen personería jurídica definitiva se procederá a la suspensión preventiva y al inicio judicial para el retiro definitivo, explicó Miranda.
Por ejemplo:
> la Agrupación Social Tupac Amaru, cuya referente es Milagro Sala;
> TeKuré, cuyo referentes es Alberto “Beto” Cardozo;
> ATS (Agrupacion de Trabajadores Sociales) referente Mabel Balconte;
> ASEP (Asociación Sindical de Empledos Públicos), referente a Manuel Velásquez;
> Organización Social Libertad, de María Graciela López, etc.
Según el fiscal, "se va a comunicar a la AFIP, al Banco Central y a todo organismo estatal y privado” mediante el cual se canalizan beneficios sociales.
El decreto autoriza a Fiscalía de Estado a aplicar las multas por incumplimiento del objeto social de aquellas organizaciones.
Las pérdidas de los beneficios no solo son para las organizaciones sociales, sino que se extiende a los miembros de las comisiones directivas y a los integrantes de dichas asociaciones.
Miranda agregó: “Somos optimistas. La promoción de la acción penal y la imputación en contra de personas determinadas es un paso importantísimo que hemos dado”.
“Los cooperativistas se dieron cuenta que no necesitan intermediaros para su beneficio. De hecho, se empadronaron 552 cooperativas y esto es un dato significativo a tener en cuenta”, concluyó el Fiscal de Estado.
Tupac Amaru desmiente
Entonces, la Tupac Amaru aseguró que las declaraciones de Miranda dando cuenta de la pérdida de la personería jurídica de la organización por la continuidad del acampe en la plaza Belgrano “es una falsa información”.
“No se ha suspendido la personería jurídica de la Tupac Amaru ni se han cerrado sus cuentas”, se señaló en un comunicado de la agrupación.
“Lo que debería hacer el Poder Ejecutivo para dar lugar a su política de disciplinamiento, en todo caso, es iniciar un procedimiento en el que se garantice el derecho fundamental a la defensa. Sin embargo, lo que claramente está buscando es provocar, además de engañar a la opinión pública, el amedrentamiento y zozobra a los trabajadores cooperativizados, a los afiliados y a la sociedad toda”, resaltó la organización.
Añadió que el Poder Ejecutivo “está criminalizando la protesta social y amenazando cruelmente a los ciudadanos que ejercen el derecho constitucional de reclamar y peticionar a sus autoridades”.
“Por otra parte, el Decreto 403 establece que para quitar la personería se debe haber cometido un delito, cosa que aún la justicia tampoco ha determinado”, indicó.
“Estar en la plaza, acampando, ejerciendo el derecho constitucional a peticionar a las autoridades y defendiendo las fuentes de trabajo en manera alguna puede constituir un delito. En el día 33 del reclamo, seguimos esperando el diálogo reparador de tamañas injusticias para con los miles de desocupados de la Tupac Amaru y de la Red de Organizaciones Sociales”, concluyó la organización de Milagro Sala.
Morales ratificó
Poco después, el gobernador Morales anunció que quedó firme el planteo de la Jueza de Menores de Jujuy, que intima a retirar a los niños de la manifestación y que quedaron suspendidas las personerías jurídicas de las distintas organizaciones sociales, motivo por el cual quedaron inhabilitadas también sus cuentas bancarias.
“Les aplicamos una multa de $ 100.000 y estamos actuando también sobre los bienes no sólo de las instituciones, porque hay que pagar muchas cosas, como a los comerciantes afectados y arreglar la plaza. El código contravencional también impone multas que ya están determinándose, por lo que les va a salir caro, me parece, a esas organizaciones sociales”, indicó Morales.
Por otro lado, precisó que funcionarios del Gobierno provincial mantienen reuniones con todas las cooperativas y organizaciones sociales, y ya cuentan con una agenda de trabajo.
De igual manera, afirmó que él personalmente visitará las cooperativas “en territorio, para ver que trabajen bien”, haciendo hincapié en que todas las que se encuentren en regla van a recibir ayuda del Estado. “Lo que no vamos a permitir es el Estado paralelo. Pero estamos recibiendo a todas las cooperativas. Ya hay más de 500 inscriptas y se están regularizando; quieren estar bien, trabajar en regla”.
Este seguimiento se realizará ya que existe un gran problema con las cooperativas en materia de obras, teniendo en cuenta que se tienen pruebas de que la organización Tupac Amaru cobró “$ 29 millones para el inicio de una obra que nunca comenzó”, al igual que existen“muchas cooperativas que cedieron y endosaron los cheques”.
Por este motivo, informó, “estoy enviando un proyecto de ley a la Legislatura para que ratifique el Decreto Nº 403, pero que también nos autorice a establecer un programa para que no se caiga el trabajo como en el caso de las cooperativas que denuncien la sesión de cheques, para que no se paren las obras, porque si no también vamos a quedar fuera del programa nacional”.
“Es un tema complejo, donde hay muchas cuestiones de fondo, pero calculamos que en 30 días vamos a tener todo el panorama porque se van a agregar otras demandas penales en ese sentido. La idea nuestra es ordenar todo y garantizar el trabajo a todas las cooperativas que estén regularizadas”, sentenció el gobernador de Jujuy.
Finalmente, él garantizó a las personas que son poseedoras de viviendas pero que no cuentan con la adjudicación que “no los desalojará nadie de las viviendas” siempre y cuando cumplan con “la norma de no tener otra vivienda a su nombre”. Sin embargo, les instó a que realicen el trámite previsto por el Programa de“Relevamiento de datos familiares de poseedores o tenedores de vivienda sin resolución de adjudicación”, para regularizar su situación.
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